VeriFactu es la calificación que se otorga a los sistemas de emisión de facturas verificables. En principio, son sistemas informáticos empleados para cumplir con las obligaciones de facturación que deben enviar facturas a Hacienda. Como tales, deben cumplir con todos los requisitos requeridos por la ley antifraude.
A partir del 1 de enero de 2026, la utilización de Verifactu será obligatoria para las personas jurídicas, y a partir del 1 de julio de 2026 para el resto de personas físicas, según lo establece el Real Decreto 254/2025 y la modificación de la disposición final cuarta del RD 1007/2023. Todas las empresas en España (excepto algunas en el País Vasco y Navarra, donde ya hay reglas similares) deberán usar sistemas que generen facturas de una manera que garantice que no se puedan modificar sin que quede registro. Esto se hará, por ejemplo, con sistemas de seguridad como firmas electrónicas y otros métodos que aseguren la integridad de la información.
Este reglamento busca que cada vez que se emita una factura, los datos se envíen a la Agencia Tributaria de forma automática. Así, la Agencia podrá verificar que las facturas son correctas y que no se ocultan ingresos. Además, las empresas podrán acceder a sus datos fácilmente para llevar un mejor control de sus registros fiscales.
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